LA RESPONSABILITA' CIVILE NELLE RELAZIONI FAMILIARI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RAPPORTO GENITORI-FIGLI

Ho scelto lo spagnolo come seconda lingua: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LAS RELACIONES FAMILIARES EN PARTICULAR RESPECTO A LA RELACIÓN PADRES-HIJOS En el pasado se negaba la posibilidad de presentar una pretensión de indemnización contra un miembro de la familia. Razones sociológicas y jurídicas impedían a la responsabilidad civil entrar en el ambiente doméstico. En obedencia al pensamiento pasado e consolidado del derecho de familia como un sistema cerrado, con sus propios remedios, “una isla tocada sólo por el mar del derecho”, de hecho, se creía que, a causa de la violación de los derechos de un miembro de la familia por parte de otro miembro, no se habría podido recurrir a un remedio de carácter general, como la responsabilidad civil, sino sólo usar medios propios y típicos, conforme al principio lex specialis derogat legi generali, del que al art. 14 disp. prel. al c.c. En este sentido se alegaba también la presumida perfección y exhaustividad de los remedios del derecho de familia que hacía considerar no admisible un eventual cúmulo con lo medios de carácter general, conforme al principio por el que inclusio unius, exclusio alterius, para evitar incurrir en una suerte de di ne bis in idem por el que el autor de la conducta lesiva habría sido llamado a responder dos veces por el mismo hecho. Se negaba la misma juridicidad de las obligaciones conyugales y de los padres, consideradas simplemente obligaciones morales del contenido vago y sin previsión sancionatoria, si se excluyen los remedios típicos del derecho de familia, sino que los cuales, sobre todo después de la abolición de la separación por culpa, no pueden ser conceptualmente encaminados a la sanción de los deberes de los que a los art. 143 y 147 c.c. A consecuencia de la promulgación de la Carta constitucional y de la reforma del derecho de familia, pero, ha sido necesario un cambio de perspectiva, por medio del que los miembros de la familia deben, antes de todo, ser considerados personas y por eso titulares de las situaciones existenciales que piden protección entre las paredes domésticas también, porque el status de familiar no puede conllevar una reducción de tutela, sino, si acaso, un agravamiento. Fundamental para el superamiento de la condición de inmunidad y privilegio en la que están los miembros del consortium familiar respecto a la tutela de indemnización ha sido también la evolución del sistema de responsabilidad civil. En razón de la consideración que los derechos inviolables se garantizan dentro de las formaciones sociales también, conforme a lo dispuesto en el art. 2 Cost., se ha llegado a reconocer la posibilidad de accionar una pretensión de indemnización también contra un familiar por lesión de los derechos fundamentales. Pero también en presencia de una violación de un derecho fundamental no ocurrirá un automatismo de indemnización, sino será necesario evaluar la injusticia del daño, haciendo un balance entre los intereses de la víctima y del autor. En este sentido se ha pronunciado la Corte de Casación, con la sentencia 10 mayo 2005 n. 9801: sin embargo es oportuno precisar cómo la Corte no haya llegado absolutamente a afirmar tutela aquiliana contra la violación de las obligaciones conyugales en sí, considerando no suficiente esa lesión para legitimar la acción de indemnización. También por lo que se refiere a la relación padres-hijos la Suprema Corte considera que la violación en sí de las obligaciones de los padres no hace incurrir el padre en responsabilidad, siendo en cambio necesaria la lesión de intereses constitucionalmente garantizados (Cas. 7 junio 2000 n. 7713). Entendido que el interés perjudicado que justifica la pretensión de indemnización es un derecho inviolable y que la naturaleza de la responsabilidad es extracontractual, se ha procedido a examinar los elementos constitutivos de responsabilidad civil en este ámbito: hay que tener en cuenta, de hecho, que los ilícitos endofamiliares, tradicionalmente, son considerados por la doctrina necesariamente dolosos. Después, analizado el perfil de los daños resarcibles, se ha debido enfrentar y considerar el actual debate sobre el daño no patrimonial dado que la mayoría de daños causados por un familiar son de esta tipología. Enfrentadas las susodichas cuestiones, ha sido interesante reflexionar sobre el art. 709 – ter c.p.c. “Solución de las controversias y medidas en caso de incumplimientos y violaciones”, introducido por la ley sobre la custodia compartida, que contiene previsiones encaminadas a garantizar una correcta actuación de las medidas del juez concernientes la prole menor de edad. En particular, reconoce al juez, en el caso de que un padre cometa graves incumplimientos o actos que en cualquier caso causan perjuicio al menor o que obstaculizan el correcto desarrollo de las modalidades de custodia, el poder de modificar las medidas de custodia y, también conjuntamente, de amonestar al padre incumpliente (n. 1), establecer la indemnización de los daños contra uno de los padres a favor del menor (n. 2) o a favor del otro (n. 3), condenar al padre incumpliente a pagar una sanción administrativa pecuniaria, de € 75 como mínimo y de € 5.000 como máximo, a favor de la Caja de las penas pecuniarias (n. 4). El fin de tal previsión es crear un cuadro de medidas de coerción indirecta sobre el padre, empujado por la amenaza de una sanción a cumplir de la mejor manera las obligaciones impuestas por las medidas del juez. Sin embargo, si la naturaleza sancionatoria de los remedios de los que al nn. 1 y 4 es innegable, al revés hay contraste sobre la naturaleza de las medidas indicadas en los nn. 2 y 3. La previsión de la condena de indemnización de los daños, de hecho, ha provocado la formación de despliegues contrapuestos entre los que consideran que representa la expresada codficación de la responsabilidad civil endofamiliar y los que, en cambio, afirman que se trata de pena privada o nada menos de un daño punitivo. En favor de esta última tesis son aducidas diferentes argumentaciones, como, por ejemplo, el hecho que la disposición normativa se referiría únicamente a la gravedad de la conducta del autor, mientras que no se pondría atención particular al perfil de los daños sufridos; la particular sede procesal dentro de la que susodichas medidas son pronunciadas; la colocación de la medida en un contexto de instrumentos considerados de carácter sancionatorio. La aprobación de susodicha imposición no sería carente de consecuencias: antes de todo, no sería requerida al recurrente una convincente prueba del daño, sino sólo de la gravedad de la conducta, con una consecuente superación de la rígida carga de la alegación y de la prueba, sostenida en cambio por el dañado que actúa para la indemnización de los daños ex art. 2043 e 2059. Además, el quantum debeatur no podría ser determinado siguiendo el criterio de la cuantía del daño, usado en presencia de las tradicionales medidas de indemnización, sino según criterios cuales la gravedad de la conducta, la eventual reiteración de la misma, las condiciones económicas del agente. Además, la aprobación del recurso ex art. 709-ter c.p.c., encaminado a obtener la pronunciación de las medidas previstas en los nn. 2 y 3, no perjudicaría la posibilidad de pedir en el ordinario juicio de cognición la indemnización de los daños ex art. 2043 e 2059 c.c. (con función en cambio compensatoria). Sin embargo, más allá de los entusiasmos demostrados respecto a eso por la jurisprudencia mayoritaria y por la doctrina, la reconducción de susodichos instrumentos en el álveo de los daños punitivos o, más en líneas generales, de las penas privadas hace nacer más de una perplejidad por la que en cambio hay que hacer marcha atrás y reconocer la naturaleza resarcitoria a los mismos. En tal sentido conducen diferentes elementos: antes de todo, la formulación literal de las medidas nn. 2 y 3, dentro de las que se usa la expresión “establecer la indemnización de los daños”. Si el legislador hubiera entendido realmente introducir una pena privada o nada menos un daño punitivo inspirado por el sistema norteamericano, considerada la innovación para nuestro ordenamiento y las consecuencis que derivarían del calificar la medida de un manera u otra, habría usado una formulación literal menos oscura y portadora de fáciles confusiones y problemas en la práctica. Además, hay que considerar también que han sido introducidas dos diferentes previsiones, una concerniente la indemnización de los daños con respecto al hijo menor, otra que contempla la indemnización con respecto a otro padre, de manera que se ponga la atención sobre el sujeto dañado. Superando luego el dato literal en sí débil, dada también la infeliz formulación, constatamos cómo el reconocer función punitiva y disuasoria también a susodicha medida no permitiría comprender por qué el legislador habría debido introducir, dentro de la misma disposición normativa y para reaccionar a los mismos comportamientos, dos medidas (la indemnización de los daños y la condena al pago de la sanción pecuniaria) que serían idénticas en funciones y ambas conllevarían la condena al pago de una suma de dinero, una con beneficiario la Caja de las penas pecuniarias y otra el menor o el padre. Si fuera así, las medidas estandarizadas serían inútiles y superabundantes. Además habría que observar como, mientras para el pago de la sanción administrativa pecuniaria el legislador ha previsto un límite minimo y un límite máximo del monto de la sanción para poner atajo al poder discrecional del juez en el conminar esa medida sancionatoria, en cambio para la medida resarcitoria el legislador no ha fijado algún límite. Si se tratara de una medida punitiva, la discrecionalidad sancionatoria del juez sería mucho elevada. Diferentemente, el reconocimiento de la naturaleza resarcitoria permitiría comprender que la frustrada previsión de un límite mínimo y de uno máximo depende del hecho que el monto de la indemnización habrá de ser determinado en relación a los daños efectivamente sufridos. Por estas y otras razones habría que concluir por la exclusión de la naturaleza sancionatoria (o de cualquier modo en su mayoría sancionatoria) que permitiría adscribir susodichos remedios a la categoría de las penas privadas. De la misma manera parece que excluir la reconducibilidad a los así llamados daños punitivos que, por otra parte, también según lo que afirma la Corte de Casación, con la aunque discutible sentencia del 19 enero 2007, n. 1183, no serían admisibles por resultar contrarios al orden público nacional dentro de nuestro ordenamiento en el que la responsabilidad civil sería caracterizada únicamente por finalidades reintegrativas y compensatorias. Reconocer la naturaleza propiamente resarcitoria del remedio en cuestión determina consecuencias relevantes, como la necesidad de la subsistencia de todos los elementos indicados en el art. 2043 c.c., de la prueba del daño y de la demanda de parte. El perfil de novedad concerniría por eso la particular sede procesual dentro de la que sería posible obtener una fallo resarcitorio. Dicho esto, la familia no es un espacio cerrado en el que el remedio resarcitorio no puede entrar, sin embargo es necesario que el juez lo reconozca con prudencia dado que a menudo susodicha tutela es invocada sin que exista un fundamento real, sino solo por desquite o rencor. En fin hay que observar cómo susodicho instrumento, no obstante sea dotado de una eficacia disuasoria, sin embargo es encaminado esencialmente al pasado dado que aspira al alivio de los daños causados. Por lo tanto, desde una óptica de una más eficaz protección de los intereses de la prole, será importante en particular el uso de los remedios del derecho de familia encaminados a prevenir y evitar que el menor sufra unos perjuicios.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLE RELAZIONI FAMILIARI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RAPPORTO GENITORI-FIGLI In passato la possibilità di avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti di un componente della famiglia si scontrava con un atteggiamento di netta chiusura. Diversi ostacoli impedivano l’ ingresso della responsabilità civile nell’ambiente domestico: ragioni di vario ordine, da quelle sociologiche a quelle giuridiche, venivano addotte per escludere tale possibilità. In ossequio al tradizionale e consolidato pensiero secondo cui il diritto di famiglia sarebbe un sistema chiuso e autosufficiente, con propri rimedi, “un’isola solamente lambita dal mare del diritto”, si riteneva, infatti, che, in seguito alla violazione dei diritti di un componente della famiglia ad opera di un altro componente, non sarebbe stato possibile il ricorso ad un rimedio di carattere generale, quale lo strumento risarcitorio, ma soltanto l’utilizzo degli strumenti propri e tipici, in accordo con il principio lex specialis derogat legi generali, di cui all’art. 14 disp. prel al c.c. In tal senso valeva anche il richiamo alla presunta completezza ed esaustività dei rimedi giusfamiliari, che spingeva a ritenere non ammissibile un eventuale cumulo con gli strumenti di carattere generale, secondo il principio per il quale inclusio unius, exclusio alterius, in modo da evitare di incorrere in una sorta di ne bis in idem per cui l’autore della condotta lesiva sarebbe stato chiamato a rispondere due volte per lo stesso fatto. Si negava pure la giuridicità stessa degli obblighi coniugali e genitoriali, considerati meri obblighi morali dal contenuto vago e non assistiti da previsioni sanzionatorie, se si escludono i rimedi tipici del diritto di famiglia, i quali però, soprattutto dopo l’abolizione della separazione per colpa, non potevano e non possono essere concettualmente finalizzati alla sanzione dei doveri di cui all’art. 143 e 147 c.c. La prospettiva muta con l’entrata in vigore della Carta costituzionale, prima (artt. 2, 29 e 30 cost.), e, più tardi, con la riforma del diritto di famiglia (artt. 143-147 c.c.). In particolare, si afferma e rafforza l’idea che i componenti della famiglia son anzitutto “persone” e, come tali, titolari di situazioni esistenziali che richiedono protezione anche all’interno delle mura domestiche, poiché lo status di familiare non può comportare un affievolimento della tutela ma, semmai, un suo rafforzamento. Fondamentale per il superamento della condizione di immunità dei componenti il consortium familiare rispetto all’ordinaria tutela risarcitoria, è stata anche la parallela evoluzione del sistema della responsabilità civile, con particolare riguardo alla nozione di ingiustizia del danno da un lato, e alla nozione di danno non patrimoniale, dall’altro. A partire dalla premessa che i diritti inviolabili sono garantiti anche all’interno delle formazioni sociali, secondo il disposto dell’art. 2 Cost., si è giunti a riconoscere la possibilità di azionare una pretesa risarcitoria anche nei confronti di un familiare per lesione dei diritti fondamentali. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (Cass, 10 maggio 2005 n. 9801), riaffermando la piena tutela della persona all’interno della famiglia. Si è in tal modo affermata la tutela dei diritti fondamentali anche all’interno di questa peculiare formazione sociale: contro la lesione di tali diritti, infatti, non sarebbe pensabile una negazione di tutela basata sulla presunta completezza dei rimedi giusfamiliari. Tuttavia, anche in presenza della violazione di un diritto fondamentale non si verificherà un automatismo risarcitorio, ma si renderà necessario valutare l’ingiustizia del danno, operando un bilanciamento tra gli interessi della vittima e dell’autore del fatto lesivo. È opportuno precisare come la Corte non sia giunta ad affermare il ricorso alla tutela aquiliana nel caso di violazione dei doveri coniugali in sé e per sé considerati, reputando non sufficiente detta lesione a legittimare l’azione risarcitoria. Allo stesso modo, con riguardo al rapporto genitoriale la Suprema Corte ritiene che la violazione in sé dei doveri genitoriali non faccia incorrere il genitore in responsabilità, essendo invece necessaria la lesione di interessi costituzionalmente garantiti. In tal senso la Suprema Corte (7 giugno 2000 n. 7713) ha condannato il padre, per non aver somministrato al figlio - nonostante l’avvenuto riconoscimento - quanto necessario per il suo mantenimento, al risarcimento non solo dei danni patrimoniali, ma anche del c.d. danno esistenziale per non aver potuto sviluppare la sua personalità in conformità al tenore di vita che le condizioni economiche del padre gli avrebbero potuto consentire. In particolare il danno esistenziale, nel caso di specie, è stato reputato sussistente in re ipsa. A partire dai risultati ai quali è approdata la giurisprudenza, l’attenzione si è in seguito orientata all’individuazione degli interessi lesi che, nella materia oggetto dell’indagine qui condotta, giustificano la pretesa risarcitoria e, conseguentemente, alla natura della responsabilità. A riguardo si può anticipare che, essendo l’interesse leso, che sta a fondamento della pretesa, un diritto inviolabile, ovvero un diritto assoluto, tutelabile erga omnes, la natura della responsabilità è extracontrattuale. Come accennato, la mera violazione di un dovere genitoriale o coniugale non legittima invece alcuna pretesa risarcitoria: dal momento che si tratta per lo più di meri obblighi, considerata l’assenza del carattere della patrimonialità della prestazione. L’inadempimento di tali obblighi non può quindi dar luogo a una responsabilità contrattuale, la quale presuppone invece l’inadempimento di una obbligazione vera e propria. Né potrebbe giustificare un’azione aquiliana, in quanto difetta il requisito dell’ingiustizia del danno, dal momento che la mera violazione di detti diritti e obblighi non pare poter prevalere nel giudizio di bilanciamento rispetto al diritto inviolabile alla libertà e autodeterminazione che sorregge il comportamento della controparte. L’attenzione si è quindi rivolta ad esaminare come si atteggino, in tale particolare ambito, gli elementi costitutivi dell’illecito: è da rammentare, infatti, come gli illeciti endo-familiari vengano dalla dottrina, tradizionalmente reputati dolosi. Si rifletta inoltre sull’importanza che potrebbe rivestire, nel contesto in esame, quanto sancito dall’art. 1227 c.c. La successiva analisi ha poi affrontato il profilo dei danni risarcibili, soprattutto alla luce dell’attuale dibattito sul danno non patrimoniale, dal momento che la gran parte di danni cagionati all’interno di una relazione familiare i parentale appartengono a questa tipologia di danno. La riflessione si è spostata sull’art. 709-ter c.p.c. “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni”, disposizione introdotta dalla legge sull’affidamento condiviso. La norma è di estrema rilevanza per il tema qui in discussione, poiché contiene previsioni relative a fattispecie sì diversificate, ma tutte volte a garantire una corretta attuazione dei provvedimenti del giudice concernenti la prole minorenne. In particolare riconosce al giudice, nel caso in cui un genitore commetta gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il potere di modificare i provvedimenti sull’affidamento e, anche congiuntamente, di ammonire il genitore inadempiente (n. 1); disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori a favore del minore (n. 2) oppure a favore dell’altro (n. 3); condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75 ad un massimo di € 5.000, a favore della Cassa delle ammende (n. 4). L’introduzione delle misure dell’art. 709-ter, secondo comma, c.p.c., in particolare di quelle tipizzate, risponde all’esigenza di colmare il vuoto di tutela presente nel nostro ordinamento, data la mancanza di strumenti in grado di assicurare l’effettivo rispetto dei provvedimenti del giudice sull’affidamento della prole, difficilmente eseguibili coattivamente. Avverso l’inottemperanza a tali provvedimenti non vi erano, infatti, strumenti in grado di reagire, salvo il ricorso alla tutela penale, con tutte le problematiche connesse, oppure alla richiesta modifica delle condizioni dell’affidamento con finalità punitiva. La finalità della previsione sarebbe quella di offrire un quadro di misure di coercizione indiretta nei confronti del genitore, spinto dalla minaccia di una sanzione ad adempiere al meglio agli obblighi imposti dai provvedimenti del giudice. Le misure tipizzate formerebbero in tale ottica un insieme di misure aventi funzione sanzionatoria, volte a garantire l’osservanza e la corretta attuazione dei provvedimenti del giudice. Tuttavia, se tale ricostruzione pare condivisibile per quanto riguarda i rimedi indicati ai nn. 1 e 4, una più attenta riflessione sulla natura delle due misure “risarcitorie” indicate ai nn. 2 e 3, consente di affermare come non sia invero possibile ricostruire un quadro unitario. La previsione della condanna al risarcimento dei danni contenuta ai nn. 2 e 3 dell’art. 709-ter c.p.c., secondo comma, ha immediatamente attirato l’attenzione degli interpreti, suscitando la formazione di contrapposti schieramenti: da un lato coloro i quali ritengono essa rappresenti l’espressa codificazione della responsabilità civile endo-familiare, dall’altro, quanti invece, sostengono trattarsi di pena privata o addirittura di una sorta di “punitive damage”. A favore di quest’ultima tesi si fa valere, tra le altre argomentazioni: a) il fatto che la disposizione normativa porrebbe attenzione unicamente sulla gravità della condotta dell’autore, mentre non verrebbe posta particolare attenzione al profilo dei danni patiti; b) la particolare sede processuale all’interno della quale detti provvedimenti vengono emessi; c) la collocazione della misura in un contesto di strumenti reputati di carattere sanzionatorio. L’accoglimento di questa impostazione, come si dirà, non è privo di conseguenze: anzitutto, non verrebbe richiesta al ricorrente una stringente prova del danno, ma solamente della gravità della condotta, con un conseguente superamento del rigido onere dell’allegazione e della prova, sostenuto invece dal danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 c.c. Inoltre, il quantum debeatur non potrebbe venir determinato seguendo il criterio dell’entità del danno, utilizzato in presenza delle tradizionali misure risarcitorie, ma secondo criteri quali la gravità della condotta, l’eventuale reiterazione della stessa, le condizioni economiche dell’agente. Conseguentemente, non potrebbero trovare applicazione a fini di determinazione del quantum del “risarcimento” le tabelle elaborate dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno biologico e del danno morale. Ancora, l’accoglimento del ricorso ex art. 709-ter c.p.c., volto ad ottenere la pronuncia delle misure previste ai nn. 2 e 3, non pregiudicherebbe la possibilità di chiedere, nell’ordinario giudizio di cognizione, il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 c.c. (con funzione invece compensativa). Senza considerare che il riconoscimento della natura sanzionatoria della misura porterebbe anche a riconoscere al giudice la possibilità di applicarla ex officio. Tuttavia, al di là degli entusiasmi dimostrati a riguardo dalla giurisprudenza maggioritaria e da una parte della dottrina, la riconduzione di detti strumenti nell’alveo dei danni punitivi o, più in generale, delle pene private fa sorgere più di una perplessità, che induce a propendere per la natura risarcitoria agli stessi. In tale direzione conducono diversi elementi: anzitutto, la formulazione letterale delle misure nn. 2 e 3, all’interno delle quali viene utilizzata l’espressione “disporre il risarcimento dei danni”, mentre non si fa alcun riferimento alla condanna al pagamento di un danno punitivo o comunque alla comminazione di una sanzione. Se il legislatore avesse realmente inteso introdurre una pena privata o addirittura un danno punitivo ispirato al modello del sistema nordamericano, la novità per il nostro ordinamento e le conseguenze che deriverebbero dal classificare la misura in un modo piuttosto che nell’altro, avrebbero suggerito di utilizzare una formulazione letterale meno oscura e meno foriera di facili confusioni. Inoltre, bisogna anche considerare che sono state introdotte due diverse previsioni, l’una concernente il risarcimento dei danni nei confronti del figlio minore, l’altra che prevede il risarcimento nei confronti dell’altro genitore, in modo da porre l’attenzione sul soggetto danneggiato. Superando poi il dato letterale, di per sé debole, data anche l’infelice formulazione, si deve constatare come il riconoscere funzione punitiva e deterrente anche a detta misura porterebbe ad interrogarsi sul perché il legislatore avrebbe dovuto introdurre, all’interno della stessa disposizione normativa e per reagire ai medesimi comportamenti, due misure (il risarcimento dei danni e la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria) con identica funzione ed entrambe comportanti la condanna al pagamento di una somma di denaro: l’una avente come beneficiario la Cassa delle ammende e l’altra il minore o il genitore. Se così fosse, si potrebbe concludere per l’inutilità e la sovrabbondanza delle misure tipizzate. Ancora, si dovrebbe osservare come, mentre per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria il legislatore ha previsto un limite minimo e un limite massimo aell’ammontare della sanzione - al fine di arginare il potere discrezionale del giudice nel comminare tale misura di funzione chiaramente sanzionatoria – viceversa, per la misura risarcitoria il legislatore non ha fissato alcun limite. Se si trattasse di una misura punitiva, la discrezionalità sanzionatoria del giudice sarebbe elevata. Diversamente, il riconoscimento della natura risarcitoria permetterebbe di comprendere che la mancata previsione di un limite minimo ed uno massimo dipende dal fatto che l’ammontare del risarcimento andrà determinato in relazione ai danni effettivamente patiti. Per queste e per altre ragioni, che per esigenze di sintesi non vengono qui indicate, si deve concludere per l’esclusione della natura sanzionatoria (o comunque prevalentemente sanzionatoria) che condurrebbe ad ascrivere detti rimedi alla categoria delle pene private. Allo stesso modo pare da escludere la riconducibilità ai c.d. danni punitivi che, peraltro, anche nell’ordinamento nordamericano, sono oggetto di contrasti. Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la seppur discutibile sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1183, i danni punitivi non sarebbero ammissibili nel nostro ordinamento - all’interno del quale la responsabilità civile sarebbe caratterizzata unicamente da finalità reintegrative e compensatorie - in quanto contrari all’ordine pubblico nazionale. Riconoscere natura propriamente risarcitoria al rimedio in questione determina conseguenze rilevanti, quali la necessità della sussistenza di tutti gli elementi indicati nell’art. 2043 c.c., della prova del danno e della domanda di parte. Il profilo di novità sarebbe pertanto limitato alla particolare sede processuale all’interno della quale ottenere una pronuncia risarcitoria. In conclusione, si può affermare come la dimensione familiare non costituisca più una enclave, un luogo chiuso all’interno del quale il rimedio risarcitorio non può fare ingresso. Tuttavia, è necessario fare appello alla prudenza del giudice, in modo da evitare l’accoglimento di pretese avanzate solo per ripicca o astio personali.